El centro comercial de Tamaraceite, en jaque por el Supremo

El plan parcial de Tamaraceite Sur, una nueva urbanización para 2.500 viviendas y varios equipamientos, entre ellos un gran centro comercial, sufre una nueva vuelta de tuerca tras un lustro de litigios. El Tribunal Supremo ha admitido a casación el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló en 2005 el sistema de expropiaciones. Esta última resolución movió al consistorio a buscar una alternativa para desbloquear el planeamiento, formalizando un convenio urbanístico con los propietarios afectados que ahora queda en jaque.El Ayuntamiento tendrá que decidir ahora si hace caso a la sentencia del Supremo y vuelve al punto original, es decir, a practicar el sistema de expropiaciones -se había culminado hasta el 95 por ciento-, o bien si continúa adelante con el convenio urbanístico -aprobado ya inicialmente y sólo a expensas del visto bueno definitivo-, a pesar de que hay diferencias notables para el futuro de Tamaraceite Sur en un caso un otro.Así, por ejemplo, el sistema de expropiaciones, promovido durante la etapa de Pepa Luzardo (PP) en la Alcaldía, reservaba 23.000 metros cuadrados en parcelas para zonas comerciales, dotacionales y servicios, en tanto que el convenio elevaba hasta 88.000 metros sólo la superficie para comercio. Diferencias igualmente notables presentaban los aprovechamientos o usos urbanísticos, de modo que el plan parcial concebido bajo el procedimiento expropiatorio sólo disponía de 27.000 metros cuadrados para oficinas y usos comerciales, y el resultante del convenio que se ultima ahora amplía la superficie exclusivamente comercial a 44.000 metros cuadrados.Los principales afectados por la sentencia, además de los promotores del plan parcial, son los vecinos del barrio de Tamaraceite, que se han mostrado muy beligerantes contra el Ayuntamiento porque, a su juicio, el convenio urbanístico les perjudicaba. Juan Calderín, presidente de la asociación Aythamy, aseguró ayer que prefieren las expropiaciones porque, dijo, "hacen menos daño".

Fuente: La Provincia