Visocan deja a más de 600 familias tiradas en la calle en Ciudad del Campo

La empresa pública de vivienda, Visocan, dependiente del Gobierno canario, ha dejado a más de 600 familias en la calle a la espera de que les entreguen sus casas de protección oficial, la mayoría de las cuales compraron entre 2006 y 2007 en la parcela 47 de Ciudad del Campo. Cuatro años después, aún esperan por su casa. Máximo Acosta pidió un crédito de 24.500 euros para pagar la entrada de una casa de protección oficial en Ciudad del Campo. Adquirió la vivienda con toda la ilusión de su alma, pero tres años después, Máximo y su familia han tenido que irse a vivir a casa de sus padres porque aún no le han entregado la casa y su sueldo no le alcanza para pagar el alquiler y el crédito. A Verónica Santana le ha pasado tres cuartos de lo mismo. La entrega no se ha producido y no le ha quedado más remedio que irse a casa de su madre. Silvia Santos se casa el 17 de julio, pero aún no sabe cuándo le entregarán la vivienda. Máximo, Verónica y Silvia forman parte del grupo de más de 600 afectados. La fecha de entrega de las casas, aseguran Félix Cabrera y Armando Auyanet, era el 14 de octubre de 2008, pero desde entonces ha pasado más de año y medio. Lo peor de todo, se quejan, es el trato que han recibido por parte de Visocan. "Todavía no sabemos cuándo nos entregarán las casas. A cada uno que pregunta le dan una excusa distinta. Además de la falta de información que hay, nos toman el pelo. Lo único que tenemos claro es que ha habido un incumplimiento claro del contrato y que nos han tratado como si nos estuvieran regalando las casas", sostienen. Y las casas, aclaran, no son precisamente regaladas. Sus precios oscilan entre 130.000 y 148.000 euros. La mayoría tuvo que pagar en su día a tocateja entre 22.000 y 30.000 euros a modo de entrada, justo el 20% del precio total de la vivienda. Además, en muchos casos, les obligaron a comprar una segunda plaza de garaje para poder comprar la casa. El retraso en la entrega de viviendas, aseguran, les está arruinando y algunos se han planteado romper el contrato para que les devuelvan la entrada, pero en ese caso tendrían que pagar un 4% de penalización.

Fuente: La Provincia