Los familiares de los fusilados reclaman al TSJC la apertura de la fosa común


RAÚL GIL. LA PROVINCIA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La Plataforma de los familiares de los cinco vecinos de San Lorenzo fusilados por militares golpistas al inicio de la Guerra Civil en el campo de concentración de La Isleta, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un recurso de apelación para que se les permita abrir la fosa común en la que, aseguran, están inhumados los restos de dos de sus parientes junto a los de otros 60 represaliados del franquismo.


Los familiares presentaron esta apelación hace unos días ante la Audiencia tras desestimar la jueza del juzgado de Instrucción Cinco la exhumación solicitada para la fosa común número cinco del cementerio de Vegueta por considerar que "no se aprecian crímenes de lesa humanidad, ni de detención ilegal" de los cinco vecinos asesinados, además de señalar que quedaba extinguida la responsabilidad penal de estos hechos cometidos en 1937.

"Estamos muy decepcionados por esta decisión de una jueza al mejor estilo de los juzgados franquistas, por eso recurrimos en apelación a la Audiencia, y si tampoco nos hicieran caso estamos dispuestos a ir al Supremo y si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo", aseguró el portavoz del colectivo de los familiares de fusilados de San Lorenzo, Francisco González.

Este portavoz, nieto de uno de los sindicalistas fusilados que está enterrado en la fosa común de Vegueta, reclamó a la Justicia que les dejen inhumar con dignidad a sus parientes y criticó que la jueza considerara extinguida la responsabilidad penal de los fusilamientos. "Eso es falso porque el Estatuto de Roma dice claramente que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca y este es un crimen contra la humanidad", manifestó González, "decir que no hay crímenes de lesa humanidad ni retención ilegal de unas personas que fueron sacadas por la fuerza de sus casas y fusiladas más tarde, parece más propio del caciquismo franquista que se vivió en Canarias durante 40 años".

González, que acudió ayer a manifestarse ante la Audiencia provincial junto a otros familiares y simpatizantes con banderas republicanas, aseguró que hay documentos que prueban que en dicha fosa están enterrados sus parientes y varias decenas más de represaliados. "Entre esos restos se encuentran, ya confirmados, los del alcalde del municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega y los del sindicalista Francisco González Santana, de los cuales esta Plataforma cuenta con sus certificados de inhumación que indican que están en esa fosa", aseveró el portavoz, "además, entre otros, están los restos del periodista lanzaroteño Manuel Fernández, asesinado a palos por los falangistas en el Campo de Concentración de La Isleta el 20 de febrero de 1937".

Los miembros de la Plataforma consideran injusto que la Justicia autorizara la exhumación de los cuerpos de otros represaliados del franquismo en un pozo de Arucas hace dos años y que a ellos no se les permita intentar recuperar los de sus familiares. "Que una democracia moderna y europea como dice ser la española nos deniegue el derecho a desenterrar los huesos de nuestros parientes asesinados por los fascistas es vergonzoso", añadió González, "esto no viene sino a reafirmar que el franquismo aún sigue vivo en las instituciones españolas más de 35 años después de que muriera el dictador".

González consideró también que el auto de la jueza vulnera el artículo 4 de la Ley de Memoria Histórica, donde se reconoce expresamente el "derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos" de las resoluciones franquistas.


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